Asociación Castaño y Nogal

PARTIDOS, MEDIOCRIDAD Y CRISIS EN EL 30 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

La actual Constitución Española acaba del cumplir 30 años desde la aprobación en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con el voto favorable de más del 87% de los ciudadanos que fueron a votar la Carta Magna, en cuyo artículo 6 se reconoce que

“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.

La Constitución como norma de más alto rango de cualquier Estado de Derecho, permitió la creación y reconocimiento de los partidos políticos proscritos en España durante los 40 años que duró la dictadura, es decir, de 1936 a 1977, año en el que vuelven a concurrir a las elecciones celebradas el 15 de junio.

Al permitir su creación, los legisladores constituyentes, partiendo de los trabajos y anteproyecto de los llamados padres de la Constitución, pretendían que actuaran como verdaderos órganos vertebradotes de las inquietudes y aspiraciones de los ciudadanos españoles, entorno a los cuales se configuraría el pluralismo político y se canalizarían los problemas sociales, económicos, educativos, coberturas y prestaciones sociales de los poderes públicos del Estado social y democrático de Derecho, cuya soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, tal y como se proclama en el artículo 1 de la misma.

Tras las diferentes elecciones generales, autonómicas y locales celebradas en los últimos 30 años en España, si analizamos con un mínimo de objetividad la trayectoria de los partidos implantados y/o surgidos después de las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977, su credibilidad y contribución real a la solución de los problemas españoles, así como el perfil de sus dirigentes y de quienes les presentan en los diferentes ámbitos: Congreso y Senado, parlamentos autonómicos, ayuntamientos, cabildos y diputaciones, gobiernos de turno, órganos de gobierno de los jueces y otras corporaciones públicas, se podría concluir que la pérdida de credibilidad, de eficiencia y de aportación de soluciones a los problemas e intereses generales del país es claramente decreciente, mediocre e incluso fuente, en muchos casos, de gran parte de los problemas que tiene España como país, los ciudadanos, los contribuyentes, las familias y las empresas.

Así, la simplificación que progresivamente vienen haciendo los partidos políticos como organizaciones vertebradoras del pluralismo político y del análisis de los problemas que tiene nuestro país, tanto internamente como miembro de pleno derecho de la Unión Europea y de la comunidad internacional, en un entorno de grave crisis económica e internacional, de paro, de consursos y cierre galopante de empresas, de bandazos legislativos en materias básicas como la educación, la tributación, fijar prioridades a la hora de invertir en infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios públicos, de determinar las prioridades del gasto de las diferentes Administraciones Públicas con los tributos de todos los ciudadanos, más las ayudas recibidas durante décadas de la Comunidad Europea, ha llegado a una situación de alerta máxima.

Tal constatación, está contribuyendo activamente a empeorar la situación socio-económica, laboral y social de los españoles, de las empresas y del país, así como la seguridad jurídica, por la simplificación de los diagnósticos y la palabrería del bla, bla, bla… de sus mensajes (SMS), ruedas de prensa, actos e intervenciones para el auto bombo y la descalificación al contrincante, sin aportar absolutamente nada, como pueden comprobar todos los días los televidentes, radioyentes, lectores y navegadores de Internet.

Como dijo Santiago Carrillo en una entrevista al programa Informe Semanal, con motivo del 30 aniversario de la Carta Magna, cuando se redactó la Constitución el conflicto dialéctico-político estaba en las Cortes y no en la sociedad y ahora es al revés, pese a la diferencia notoria entre los problemas de entonces y de ahora, lo que es una responsabilidad de los dirigentes y representantes políticos y de los medios de comunicación que ponen cámara, micrófono y espacio en prensa a cualquier manifestación o exabrupto, descalificación y SMS de cualquier político, silenciando problemas reales, análisis, trabajos y aportaciones de instituciones universitarias, organizaciones y cualificados profesionales sin el sesgo derivado de la adscripción político-ideológica interesada de los partidos, lo que merece una seria y profunda reflexión en el 30 aniversario de la Constitución.

Por todo ello, podríamos concluir que tanto los partidos políticos españoles como los nacionalistas y locales incluido, pero en menor media éstos, como sus dirigentes y representantes se han convertido –de hecho- en meros vertebradotes de “opinión”, “del juicio de valor”, de la “simplificación” y hasta del marketing de la “confusión” y del “engaño” audiovisual, incompatibles con la gobernabilidad eficiente y el impulso del país como nación.

La vertebración de soluciones en un momento de crisis como la actual, requieren más análisis en profundidad, sosiego y búsqueda de soluciones a los problemas reales del Estado y los ciudadanos, lo que no se consigue con la verborrea y las aportaciones simplistas de los mensajes SMS, ruedas de prensa diarias y descalificaciones interesadas en lugar del trabajo serio y discreto primero en los despachos, órganos colegiados y subsiguiente discusión en sede parlamentaria de los diputados y concejales, los cuales están más pendientes de la cámara y del titular para los medios de comunicación que de la fundamentación y congruencia de sus intervenciones, desde la perspectiva de los contribuyentes que pagan su sueldo para que les representen, legislen y/o gobiernen.

Tal deriva político-mediática ha llevado a los partidas a la pérdida de credibilidad, de autóritas sobre los problemas del país, ámbitos y ciudadanos y contribuyentes a los que representan, incurriendo así en el mismo problema que las treinta dinastías faraónicas, del año 3.000 al 30 antes de Cristo, milenios en los que la antigua civilización egipcia floreció y asombró al mundo, pero tuvo como contrapunto que cada nueva dinastía tenía pocos reparos a la hora de destruir y desmantelar los edificios de las dinastías precedentes y utilizar los materiales para los propios, ante lo cual es preciso revelarse y tomar conciencia como ciudadanos soberanos en la España y diciembre de 2008, si no queremos ser engullidos por la deriva de la ignorancia y la simplificación.

Antonio Álvarez González.
Abogado